Las sanciones a carteles empresariales son un mecanismo de protección a la economía de mercado

Pablo Felipe Robledo, Superintendente de Industria y Comercio de Colombia, y el catedrático español, Joaquín García, dictaron la conferencia ‘Dosimetría en sanciones económicas’, en la que se habló de las multas que reciben los denominados carteles empresariales en el mercado. La intervención se llevó a cabo en el marco del Primer Congreso Internacional de Derecho Empresarial, Contable y de los Negocios, que se realiza hasta el 5 de agosto en el Hotel Las Américas, el cual es organizado por la Cámara de Comercio de Cartagena, con la dirección técnica de Complexus y el apoyo de Confecámaras, la Superintendencia de Sociedades, así como la Superintendencia de Industria y Comercio.

En el encuentro se dio a conocer que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ha verificado que los carteles empresariales que funcionan en los distintos mercados, aumentan los precios de los productos que comercializan, entre el 15% y el 60 % en relación con el denominado precio de competencia. Los carteles generan un sobreprecio promedio en contra de los consumidores equivalente, en promedio, al 30%.

Ante este panorama que se vive en Colombia, el Superintendente Pablo Felipe Robledo, explicó que las sanciones económicas que se imponen no pueden exceder los $70 mil millones, suma máxima esta que resulta suficiente en un buen número de casos de pràcticas restrictivas de la competencia, pero no en todos los casos. Por esa razón sostiene que, hay que mutar o evolucionar hace modelos sancionatorios similares a los previstos en Estados Unidos, Europa e incluso en varios países latinoamericanos como México y Brasil.  

En Colombia las sanciones que recaen sobre los carteles que operan en las empresas son elevadas, pero insuficientes para algunos casos. Aseguran los expositores, que las multas son bajas si se comparan con las impuestas en otros países, como Estados Unidos, donde se sancionó a un cartel por manipular la tasa de cambio dólar-euro con US$ 2.500 millones, o un caso similar de manipulación de la tasa libor en Europa que se sancionó con

“La sanción no puede ser expropiatoria, confiscatoria pero tampoco irrisoria” afirma el funcionario.

De otro lado, Robledo aclara: “cuando se utiliza la palabra cartel, no nos referimos a delincuentes. En nuestro país es común relacionarlo con narcotráfico”. Por el contrario, fue en el ámbito internacional donde se originó esta denominación para las empresas que buscan un lucro en contravía del consumidor”.

Por su parte, Joaquín García de España, se refirió a las sanciones económicas que no pueden ser superiores al 10% del volumen de ventas que realiza el negocio en su totalidad. “En España la mayoría de jueces  son especialistas en derecho penal y sobre éste deciden las sanciones para los carteles empresariales”.

Para el especialista del país ibérico, los organismos de control no deben ser vistos como entidades que hacen prácticas inquisidoras o de castigo sino que buscan proteger a los consumidores de diferentes productos y servicios.

No obstante, existe la libre competencia, pero cuando se vulneran los derechos del consumidor, los organismos de control competentes están prestos a sancionar a las empresas.

 

 

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